La Corte Suprema del estado de Washington escuchó los argumentos el jueves en el caso de un hombre del condado de Snohomish que fue arrestado después de no pagar la tarifa del autobús.
Cuando Zachary Meredith abordó un autobús en 2018, un ayudante del sheriff del condado de Snohomish le pidió un comprobante de pago durante un control de rutina.
No aportó pruebas y fue detenido tras dar un nombre falso al oficial.
El abogado de Meredith, Tobin Klusty, argumentó que debido a que Meredith había sido detenido por un oficial armado, técnicamente fue “agarrado” por la policía, violando su derecho contra el registro y la incautación ilegales.
Klusty afirmó que no había razón para que el agente supusiera que su cliente no pagó.
El abogado argumentó que no es diferente a conducir un automóvil.
“Los oficiales no pueden detener a las personas que conducen en las vías públicas solo para ver si tienen o no un comprobante de registro o una licencia de conducir válida”, dijo Klusty a la corte.
El caso se reduce a una cuestión de consentimiento.
El fiscal adjunto del condado de Snohomish, Nathan Sugg, le dijo a la corte que es una cuestión de sentido común saber que se supone que debes pagar cuando viajas en transporte público, una regla que data de 1912 en Washington.
“Es probable que una persona consienta en seguir las reglas de tránsito en el momento en que aborda el tránsito“, dijo Sugg.
Esas reglas, argumentó Sugg, incluyen pagar una tarifa y esperar que alguien verifique si lo hiciste.
Pero había una pregunta más grande rumiando en la sala del tribunal.
“¿Este caso estaría aquí si no fuera un oficial de la ley totalmente armado quien realizó el cobro de la tarifa?” preguntó la jueza Mary Yu.
Otros jueces reflexionaron sobre el mismo tema: si la Cuarta Enmienda solo se aplica a la aplicación de la ley, o si también podría aplicarse a un conductor de autobús o trabajador de tránsito.
Si los jueces fallan a favor del pasajero, podría significar que a nadie que viaje en cualquier forma de transporte público se le podría pedir un comprobante de pago.
Eso podría resultar en pérdidas de millones de dólares para los sistemas de tránsito en todo el estado.
Se espera que los jueces anuncien su decisión en varios meses.